Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, del que ya hablamos en otra ocasión, Google lanza un servicio que permite a los ciudadanos europeos solicitar que se borre su información personal de los resultados de su buscador, siempre que esta ya no esté vigente o haya caducado.
La compañía explica en el propio formulario que “evaluará cada solicitud de forma individual e intentará buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información”.
De esta forma, se abre la polémica entre la información personal y el interés público, de forma que Google debe decidir qué hace con cada caso particular y decidir si la información es de interés público. Hasta ahora, el gigante tecnológico ha recibido más de 12.000 solicitudes de usuarios europeos, según los datos de sus trabajadores al final de la jornada laboral del viernes. En momentos de máxima actividad, se llegaron a recibir hasta 20 solicitudes por minuto a través del formulario habilitado especialmente para ello.
Al recibir las solicitudes, Google evaluará cada caso en concreto, sobre todo los referentes a estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del Estado, por considerarse de interés público. Esto respeta la parte de la sentencia que exime a Google de borrar aquellos resultados que por su naturaleza puedan ser de interés público o que no afecten a la privacidad del demandante.
Esta información puede servir a otros usuarios para tener información del demandante que pueda ser de interés a la hora de establecer una relación personal o profesional con él. De esta forma, Google no tendrá que borrar aquellos datos que puedan dar información sobre el comportamiento anterior de un individuo, si puede ser útil para arreglar o evitar un conflicto.
Si queremos que Google retire del buscador cualquier tipo de información referente a nuestras personas, debemos rellenar este formulario específico en el que tenemos que hacer una relación de las URLs que pedimos que se retiren. Además, debemos adjuntar una copia de nuestro documento de identificación con una fotografía válida. A partir de ese momento, Google iniciará el proceso de evaluación de la solicitud, enviando una notificación al interesado en el momento en el que inicie la investigación.
Aunque por ahora la herramienta está abierta a modificaciones para mejorar la experiencia de los usuarios, Google ha dicho que incluso contempla que en los próximos meses se podría iniciar una colaboración con autoridades de protección de datos y otras entidades.
La sentencia del TJEU ha supuesto un duro golpe al buscador, que siempre defendió el derecho a la información de los usuarios. Recordemos que el proceso se inició por la reclamación que puso Mario Costeja, un ciudadano gallego que pidió a Google que retirase una información sobre una deuda particular con la Seguridad Social de la que se habían cumplido 15 años y que ya estaba saldada.
Después de mucho tiempo de lucha en los tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho al olvido, y obliga al buscador a retirar aquella información que no es relevante o que ya ha caducado siempre que se solicite por la vía oficial.
Google declaró que esta decisión era “decepcionante”, y que contradice a un fallo anterior. De todas formas, desde esta sentencia las reclamaciones a Google para la retirada de información se cuentan por cientos.
Este es un paso adelante en la gestión de la privacidad en internet, un elemento muy importante que protege a los usuarios y que muchas empresas no respetan.