Va a hacer mucho más responsables a los directivos, ejecutivos y administradores de las empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque dichas personas deberán aprobar las operaciones tributarias importantes de sus empresas. O lo que es lo mismo, Hacienda les obligará a responsabilizarse de las cuestiones fiscales de la compañía en cuestión frente a los propios accionistas. Se acabó eso de decir: “Yo no sabía nada”, si a la Agencia Tributaria le da por investigar determinadas operaciones fiscales. No hay excusas. Los administradores y ejecutivos no podrán defenderse diciendo que desconocían la política fiscal o que la culpa de todo la tenían sus asesores. De hecho, llegados a un caso extremo, los mismos accionistas podrían ir contra el consejo de administración si éste cometiera alguna irregularidad a la hora de pagar a Hacienda. Serán responsables de… A muchos les va tocar serlo, porque se calcula que las medidas de este proyecto de ley afectarán al 80% de las sociedades mercantiles. Según datos de 2013 a los que accedió la agencia de noticias Europa Press, unas 977.380 sociedades, que no son pocas. Volviendo a la responsabilidades… La primera la hemos adelantado unas líneas arriba y se refiere a las operaciones fiscales relevantes. Pero mejor si remitimos al artículo 41 del proyecto de ley que determina cuáles son las “facultades indelegables” del mismísimo consejo de administración y entre ellas está precisamente ésta. “La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la junta general”. La segunda tiene que con el hecho de determinar la estrategia fiscal de la sociedad, a la que sumar trazar la política de control, la gestión de riesgos… Una tercera apunta hacia los paraísos fiscales, ya que se obliga a las empresas a a incluir información sobre éstas y tampoco en este caso los administradores pueden delegar su responsabilidad. Y algo más Porque no sólo están obligadas las grandes empresas que cotizan en Bolsa. Es que, además, va a ampliase los deberes de la comisión de auditoria de las empresas. Su misión será supervisar la eficacia y efectividad de los sistemas de control de riesgo fiscal. De esta manera, lo que se persigue es anticiparse a los posibles riesgos tributarios. Sin olvidar que el informe de buen gobierno debe contener dichos sistemas de control de riesgos de forma obligatoria. Tampoco será necesario el 5% para ejercer el derecho de las minorías en las empresas cotizadas frente al 5% actual. Sin olvidar que 5 serán los días que tendrán los accionistas para solicitar información a las sociedades cotizadas antes de la celebración de una junta. Actualmente, son 7 días. Dejando por un momento las cuestiones fiscales… El proyecto de Ley también contempla que la junta de accionistas será la que apruebe la política de remuneraciones con carácter vinculante, lo que se hará al menos cada 3 años. Y eso sí, los sueldos deben ser razonables y acorde a la situación económica que viva la sociedad. Tanto es así que las empresas también estarán obligadas a publicar en su memoria de cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores. Información, que también podrá ser publicada en su página web. Objetivos El proyecto de Ley considera que no sólo se trata de números, de cuentas, sino también de buena imagen, de buena reputación, que en muchos supuestos no sólo tiene que presentar parte ante la normativa fiscal nacional, sino también de otras jurisdicciones. Y es que toda esta normativa se va adoptar en un momento en el que la mayoría de países de la Unión Europea están vigilando las prácticas tributarias de las grandes compañías, ahí están Holanda o Reino Unido. Pero hay que destacar que también EE.UU, Canadá y Australia aplican prácticas similares. La OCDE incluso ha elaborado el proyecto BEPS que quiere acabar con las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales para rebajar sus facturas al fisco. Hablando de la OCDE, precisamente el Foro de Administración Tributaria creado en 2002 por el Comité de Asuntos Fiscales de la organización ha sido la fuente de inspiración para la redacción de este proyecto de Ley que buscará conseguir el buen gobierno corporativo.